Piquetes y cortes: ciudades sitiadas –  LA NACION

Es imposible convivir en una sociedad sin reglas y haciendo la vista gorda ante quienes se apoderan del espacio público y cercenan la libre circulación

Autopista Illia: donde la intolerancia de unos pocos se impone a los derechos del resto

Miércoles 30 de noviembre: un puñado de habitantes de las villas 31 y 31 bis bloquean por una hora el tránsito por la autopista Illia en protesta por un proyecto de urbanización de esa zona de Retiro.

Jueves 1° de diciembre: unos 2000 manifestantes llegan en ómnibus desde el Gran Buenos Aires y cortan durante tres horas la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de planes sociales y de la liberación de Milagro Sala, presa en Jujuy, acusada de casi una decena de delitos.

Viernes 2: el Polo Obrero anula la 9 de Julio durante casi cuatro horas en protesta por un acuerdo entre el gobierno nacional y varias organizaciones sociales para garantizar un diciembre en paz.

Martes 6: piqueteros encapuchados vinculados con el kirchnerismo provocan un caos vehicular en el centro porteño. Exigen el ingreso a los planes Argentina Trabaja, entre varias demandas. Otras organizaciones realizan una olla popular frente al Congreso y en el Puente Pueyrredón para presionar por la ley de emergencia social, mientras que en la Avenida del Libertador, trabajadores del Hipóromo de Palermo cortan el tránsito ante la eventualidad de que el sector sea gravado con mayores impuestos.

Miércoles 7: caos de tránsito como consecuencia de un corte total en el servicio de subterráneos en protesta por la muerte de un trabajador del sector.

A lo largo de apenas una semana hubo decenas de calles cortadas. Centenares de automovilistas quedaron atrapados en una maraña de tránsito durante varias horas. Miles de pasajeros del transporte público resultaron afectados con cambios de circuitos y enormes demoras, millares de pe- atones se vieron impedidos de ejercer su legítimo derecho de transitar libremente para, entre otras cuestiones, acceder a centros de salud, concurrir a trabajar o a estudiar.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires se registran unos 50 piquetes por mes. En lo que va del año hubo, en promedio, cinco protestas callejeras por día. La mayoría de ellas, manifestaciones espontáneas de unas pocas personas. La policía no puede o no quiere prever salidas alternativas a este caos. Del anunciado Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, aprobado a comienzos de este año, no queda más que el recuerdo de una medida ampulosa que terminó en la nada.

“El Gobierno no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas. No vamos a permitirlo. Queremos cambiar la cultura del corte”, decía para entonces la responsable de la seguridad nacional, Patricia Bullrich. La realidad convirtió esa promesa en dichos huecos.

La ciudad sigue sitiada. Las calles, parques, plazas, rutas y caminos se han transformado en botines políticos. Grupos minúsculos de personas transforman la vida de miles en un infierno cotidiano. Incluso, las fuerzas de seguridad permanecen estáticas frente a personas que amedrentan en plena vía pública, portando palos, armas y cubriéndose las caras. Eso de por sí configura un delito. Fiscales y jueces dejan que todo pase sin más. En ese increíble contexto en el que todo vale, no cuentan para nada los derechos de todos. Bajo el políticamente correcto paraguas de no criminalizar la protesta se cercenan las libertades.

Con el cambio de gobierno se renovaron las esperanzas de que volviera la tranquilidad a las calles, pero, por desgracia, ha pasado un año y eso no ha ocurrido aún. El desamparo ciudadano se siente cada vez más profundo. El agobio no encuentra su techo. La desidia, el desinterés y la omisión de ejercer controles hacen que siempre pueda ser mayor. Nos hemos acostumbrado a la extorsión callejera constante. La única ley parece ser la de la selva.

Es hora de que las autoridades políticas, de las que dependen las fuerzas de seguridad, y las judiciales reaccionen ante esta conculcación de derechos que padecen decenas de miles de argentinos diariamente, y ordenen el espacio público para usufructo de todos y no de minorías violentas o prepotentes.

Es imposible convivir en sociedad sin reglas. Corresponde al Estado hacerlas cumplir. Los conflictos no se resuelven haciendo la vista gorda. Urge hallar de una vez por todas una salida a este problema que los propios y sucesivos gobiernos, por inoperancia o por intereres políticos aviesos, han dejado llegar hasta este punto. El espacio público no es de nadie en particular. Es de todos. Y el respeto hacia los demás es un bien que estamos obligados a proteger.

Origen: Piquetes y cortes: ciudades sitiadas – 11.12.2016 – LA NACION

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s