En instituciones de la ciudad, hay 800 adolescentes que esperan una familia 

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Tienen entre 12 y 18 años y debieron ser separados de sus padres por maltratos, abusos o abandono; viven en hogares en los que estudian y acceden a servicios de salud y actividades recreativas

En el hogar Avelino, un grupo de chicas realiza actividades

En el hogar Avelino, un grupo de chicas realiza actividades. Foto: Hernán Zenteno

Cae la tarde y siete chicas están sentadas a la mesa del comedor. De la televisión sale cumbia pop, pero no están muy atentas a la música. Charlan. Hay cabelleras teñidas, uñas pintadas y piercings, artificios preparatorios de una madurez que todavía se demora. Tienen entre 12 y 18 años y son parte de los 800 niños, niñas y adolescentes (NNyA) institucionalizados en la Capital.

Se encuentran en uno de los hogares de tránsito porteños, el Avelino, situado en Avelino Díaz al 1900, en el límite entre Parque Chacabuco y Flores. Llegaron hasta ahí por una medida de protección -tal como lo define la ley nacional 26.061- que las ha separado de su familia. ¿La razón? La vulneración de un derecho elemental mediante alguna o varias de estas circunstancias: maltrato físico o verbal, abuso sexual, negligencia de los padres o familiares responsables, abandono. “El número de 800 chicos institucionalizados en Buenos Aires se mantiene, porque se intercalan los ingresos con los egresos”, dice la abogada Gabriela Francinelli, a cargo de la Dirección General de Niñez y Adolescencia porteña (Dgnya), que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Números de marzo de 2017 de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) indican que, de 1260 personas afectadas por situaciones de violencia familiar en Buenos Aires ese mes, 32% fueron NNyA.

En tanto, un trabajo de Unicef, junto al Ministerio de Desarrollo Social, reveló que hacia 2014 más del 45% de los chicos del país sin cuidados parentales vivía en la Capital y la provincia de Buenos Aires, tras situaciones de maltrato (más del 52%), abandono (más del 22%) y abuso sexual (19%). El informe puntualiza también que el maltrato infantil creció 8% en la Argentina entre 2011 y 2014. Desde el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad (Cdnnya) dicen que en sus defensorías zonales se registraron 17.439 consultas por violencia en 2015, contra 3215 en 2012.

“Las situaciones de violencia y maltrato que vemos atraviesan a todas las capas socioeconómicas, y los problemas que hoy presentan los chicos son mucho más complicados que 10 años atrás. Por ejemplo, el abuso sexual, además de afectar a adolescentes, cada vez más se da con bebes o niños de 3 o 4 años. El adulto está más complejo, hace cosas más terribles”, afirma Francinelli.

El organismo que encabeza cuenta con dos hogares propios (uno es el Avelino, con 18 chicas) y más de 40 conveniados. Además, de esta área dependen dos centros de día y noche para la atención de menores en situación de calle, un centro de atención integral también destinado a ese grupo y el Programa de Acogimiento Familiar, sobre cuya base actualmente sólo siete familias reciben a chicos de entre 0 a 12 años que esperan que se solucionen sus situaciones familiares o ser pasados al estado de adoptabilidad, como también les ocurre a los menores que viven en los hogares. “Para el Programa de Acogimiento Familiar necesitamos llegar a 100 familias este año, por lo menos. La única condición que se pide es que quienes se ofrezcan no estén anotados como adoptantes. Pueden ser matrimonios o personas solas”, comenta Francinelli.

Los NNyA a los que se les aplica una medida de protección permanecen sin cuidados parentales e institucionalizados por un tiempo máximo de 90 días, o hasta sus 18 años si resultó imposible volver a sus familias o encontrar una que los adoptara.

Un largo proceso

Arriban a esta instancia tras un proceso largo. Éste se inicia con la denuncia de la vulneración de algún derecho efectuada por la propia víctima, o un maestro de la escuela a la que asiste, o un médico, o un allegado, que es tomada por la línea 102 o las 17 defensorías zonales del Cdnnya, organismo encargado de disponer, si amerita, la medida de protección para apartar al menor de su familia o de la situación de desprotección en que se encuentra. Por su parte, juzgados del fuero civil son notificados cuando esto sucede y llevan el correspondiente control de legalidad, mientras que la Dgnya es la encargada de abrir las puertas de los hogares o de una familia de acogimiento.

Entre la denuncia y la efectiva institucionalización del menor suelen pasar “entre 30 y 60 días”, señala el psicólogo Víctor Fernández, gerente operativo de Atención Integral de NNyA en Situación de Vulnerabilidad Social de la Dgnya. Mientras eso no sucede, los chicos quedan a la espera, generalmente en hospitales. Una vez dentro de un hogar o en el seno de una familia de acogimiento, comienza la difícil gestión administrativa y judicial para ver la posibilidad de que los chicos puedan volver con las debidas garantías a su núcleo familiar de origen. Si ello no sucede o si en vez de padres hubo un abandono y otras situaciones conexas, se determina el estado de adoptabilidad del menor, que continuará institucionalizado hasta su adopción. Pero no siempre hay quienes desean adoptar chicos, bebes o grupos de hermanos de distintas edades que estén institucionalizados. Para Fernández, se trata de “prejuicios sin fundamentos, que generan que en muchos casos la institucionalización se prolongue hasta la mayoría de edad”.

En esos casos extremos, la Dgnya posee un área especializada para cuando el menor se acerca a los 18 años, en la que se trabaja en sus capacidades y fortalezas para que pueda encontrar un medio de vida. Adicionalmente, le brinda, una vez egresado del hogar, un subsidio equivalente al 85% del salario mínimo vital y móvil, hasta que consiga un empleo.

En el Avelino, como en los demás hogares de la ciudad, las siete chicas que están sentadas a la mesa -al igual que otras nueve distribuidas en otros ambientes del establecimiento- asisten a clases, acceden a servicios básicos de salud y a su derecho a la identidad (si al momento de la medida de protección carecían de DNI), y también participan de talleres de formación y recreativos. Es la forma que tienen de esperar el regreso a sus familias, la adopción a cargo de una familia nueva o bien nada de eso, sino tan sólo el futuro que las haga olvidar esa parte de sus vidas en la que cuando menos hubo un desarraigo.

Origen: En instituciones de la ciudad, hay 800 adolescentes que esperan una familia – 09.06.2017 – LA NACION

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